En momentos en que la incertidumbre pareciera apoderarse de la vida diaria, Chile se ha propuesto un modelo de desarrollo para los próximos 30 años que cuenta con amplio consenso: llegar a ser una economía carbono-neutral y resiliente al clima al año 2050. Así lo establece la NDC (Nationally Determined Contribution) que el país entregó a las Naciones Unidas en marzo de 2020 y que el gobierno actual ha acogido y está implementando[1].

A pesar de que Chile es uno de los países del mundo más afectados por el cambio climático, especialmente en la zona central -escasez hídrica, aumento de las olas de calor, efectos en los cultivos, etc.- también tenemos importantes ventajas para realizar el necesario cambio de la economía: un enorme potencial de desarrollo de energías renovables; y nuestros bosques y zonas protegidas terrestres y marinas capturan el CO2 y lo mantienen fuera de la atmósfera.

El desafío no es menor, puesto que la vida moderna se basa en el uso de combustibles fósiles: desde el tractor que, alimentado a petróleo, ara la tierra; pasando por la producción de bienes, la iluminación, calefacción, el transporte, y un largo etcétera. Es decir, todos los sectores de la economía y sus cadenas de suministros se alimentan de energía producida en base a combustibles fósiles y tendrán que migrar hacia otras fuentes de energía no contaminante, de las que Chile tiene en abundancia.

Si bien esta transición requiere inversiones para modificar el aparato productivo hacia uno carbono-neutral, las evaluaciones económicas realizadas por el Ministerio de Hacienda, con el apoyo del Banco Mundial, indican que Chile puede beneficiarse enormemente de una transición hacia una economía verde. Los resultados de los principales indicadores macroeconómicos son positivos, mostrando un aumento del PIB del orden de 4,4% adicional al 2050.Con esta meta en el horizonte, Chile debe transitar hacia ciudades sin contaminación atmosférica y menos ruidosas, con mejor calidad de vida en los hogares gracias a la electrificación de la demanda, que será alimentada con energías renovables, y  producirá bienes de consumo con menores huellas de carbono, que serán parte de la cadena de suministro de los países más desarrollados.

Si bien esto no resuelve todos los problemas del Chile actual, nos permite avanzar con paso decidido hacia una economía carbono-neutral y aprovechar las oportunidades que ofrece una demanda global cada vez más exigente en materia ambiental, atrayendo inversión y movilizando la innovación. La naciente industria del hidrógeno verde es sólo un ejemplo de las oportunidades que esta nueva economía ofrece a nuestro país.

Transitar hacia una economía carbono-neutral requiere que las externalidades de las emisiones de los gases de efecto invernadero se incorporen en la economía, de manera de orientar las decisiones de los actores, tanto en las de inversión como en las de consumo. El camino está trazado: tenemos una Ley de Cambio Climático que establece, entre otras cosas, una institucionalidad a cargo, y habilita la implementación de la Estrategia Climática de Largo Plazo, que define, entre otras cosas, metas de reducción de emisión de gases de efecto invernadero para cada sector de la economía. Haber asumido este desafío como política de Estado, que trasciende el color político del gobierno de turno, lo convierte en un activo para el país, uno con el que no muchos países pueden contar.

[1] La  nueva  NDC  de  Chile  establece  un  indicador  y  una  meta absoluta, clara y no condicionada, de emisiones de 95 millones de toneladas  de CO2e para    2030.    Establece un    pico   de emisiones para 2025 y un presupuesto total máximo para emitir entre 2020 y 2030 que no supere los 1.100 millones de toneladas de COeq.